En su informe sobre los derechos humanos en el mundo en el 2024, Human Rights Watch (HRW) denuncia que el gobierno cubano sigue reprimiendo y castigando prácticamente todas las formas de disenso y crítica pública, mientras los cubanos siguen padeciendo una terrible crisis económica que afecta derechos, incluido el acceso a la salud y la alimentación.
El reporte de HRW, publicado este viernes, señala que las autoridades cubanas, “como en años anteriores, detuvieron arbitrariamente, acosaron e intimidaron a críticos, activistas independientes, opositores políticos y otras personas” y que muchos fueron recluidos en diversas ocasiones en régimen de incomunicación, y algunos sufrieron malos tratos y, en algunos casos, tortura.
“Tras las protestas de marzo como resultado de los cortes de electricidad y la escasez de alimentos, los grupos de derechos humanos documentaron al menos 20 personas detenidas. En junio, el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria (GTDA) determinó que la detención de 17 personas detenidas después de las protestas de julio de 2021, las más grandes desde la revolución cubana, fue arbitraria”, informa HRW.
El informe señala que “los fiscales a menudo enmarcaron como conducta delictiva acciones como criticar al gobierno en las redes sociales o protestar pacíficamente, que son ejercicios legales de las libertades de expresión y asociación”.
HRW apunta a la migración desde Cuba, que según cifras oficiales, llevó a que la población cubana se redujera en un 10 por ciento entre diciembre de 2021 y diciembre de 2023.
El reporte reconoce además que la crisis económica en Cuba “afectó gravemente el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales, ya que los cubanos sufrieron apagones eléctricos, en algunos lugares de hasta 20 horas al día, y una grave escasez de alimentos, medicamentos y otros artículos esenciales”.
La organización de derechos humanos dice además que en Cuba los críticos del gobierno corren el riesgo de ser procesados penalmente y no se les garantiza el debido proceso, como el derecho a audiencias justas y públicas por parte de un tribunal competente, independiente e imparcial.
“El grupo de derechos humanos Justicia 11J informó que las familias de los presos políticos han enfrentado acoso estatal, con agentes de seguridad, en varios casos, llamando o visitando las casas de los familiares para hostigarlos y disuadirlos de denunciar los abusos”, denuncia HRW.
El informe menciona además que “las cárceles suelen estar superpobladas. Los detenidos no tienen un mecanismo eficaz de denuncia para buscar reparación por los abusos.”
El reporte señala que “el gobierno controla prácticamente todos los medios de comunicación en Cuba, restringe el acceso a la información externa y censura periódicamente a los críticos y a los periodistas independientes.
“El mayor acceso a Internet ha permitido a los activistas comunicarse, informar sobre los abusos y organizar protestas. Algunos periodistas y blogueros publican artículos de noticias y videos en las redes sociales, incluidas X y Facebook, y el sitio web 14ymedio. Las autoridades bloquean sistemáticamente el acceso a muchos sitios web de noticias dentro de Cuba e imponen repetidamente restricciones específicas, y a veces generalizadas, al acceso de los críticos a los datos de los teléfonos móviles”, informó el grupo de derechos humanos.
HRW además denuncian que “las autoridades de Cuba siguen utilizando el embargo estadounidense como pretexto para los abusos y como una forma de ganarse la simpatía de los gobiernos que, de otro modo, podrían condenar las prácticas represivas de Cuba”.
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