La administración del presidente Joe Biden anunció este martes la salida de Cuba de la lista de Estados patrocinadores del terrorismo y la suspensión del Título III de la Ley Helms-Burton, entre otras medidas tomadas como resultado de una negociación con el régimen de La Habana, con la intermediación de el Vaticano

Esta decisión “es necesaria para los intereses nacionales de Estados Unidos y acelerará la transición a la democracia en Cuba”, se afirma en el comunicado oficial publicado en el sitio de la Casa Blanca y firmado por Biden, quien termina su mandato en menos de una semana.

La Ley de la Libertad Cubana y Solidaridad Democrática (Cuban Liberty and Democratyic Solidarity Act) -conocida como Ley Helms-Burton (por los congresistas republicanos que la impulsaron, Jesse Helms y Dan Burton), fue firmada por el presidente Bill Clinton en marzo de 1996, tras el derribo por parte de la aviación militar cubana de dos avionetas civiles del grupo “Hermanos al Rescate”, que sobrevolaban el estrecho de la Florida para ubicar y asistir a posibles balseros.

Esta ley refuerza las sanciones estadounidenses en contra del régimen de Cuba, buscando extender su aplicación internacional más allá de las fronteras norteamericanas. Entre sus objetivos declarados se incluyen, además, el apoyo a una transición democrática y la protección de los derechos de propiedad de ciudadanos estadounidenses en la isla.

Para impulsar estos objetivos, la normativa incluye una amplia lista de medidas, entre las cuales están:

• La negativa de que el Estado cubano se integre a instituciones financieras internacionales.
• La prohibición de importación de ciertos bienes procedentes de Cuba.
• El condicionamiento de los permisos para enviar remesas o los permisos de viajes desde Estados Unidos a la isla.
• La defensa de los derechos de propiedad de los ciudadanos estadounidenses en Cuba y la posibilidad de que aquellos a quienes les fueron confiscadas sus propiedades por el Gobierno cubano a partir del 1 de enero de 1959, puedan interponer reclamaciones ante los tribunales estadounidenses contra cualquier persona que “trafique” con dichas propiedades.
• La autorización del apoyo a grupos “democráticos y de defensa de los derechos humanos” en Cuba.
  

¿En qué consiste el Título III de la Ley Helms-Burton?

En esencia, el Título III viene a regular la posibilidad de que cualquier ciudadano estadounidense que hubiera estado afectado por expropiación de activos tras la toma del poder por Fidel Castro, ejercite acciones frente a las personas físicas o jurídicas que “trafican” con tales bienes.

El citado título, con naturaleza de norma extraterritorial, motivó la inclusión de una prerrogativa presidencial para poder proceder a su suspensión.

Con base a esta prerrogativa, la vigencia del Título III se ha suspendido, desde el mismo momento de la firma de la norma, por períodos sucesivos de seis meses. Desde Clinton, todos los presidentes posteriores hicieron lo mismo, hasta que Donald Trump, en abril de 2019, restableció su entrada en vigor.

Con la decisión tomada por Trump, empresas de España, Canadá y Francia que operan en el sector turístico y otros ámbitos en Cuba, quedaron expuestas a litigios en tribunales estadounidenses, incluidas empresas como Amazon, la naviera Carnival y cadenas hoteleras españolas.

Este martes, Biden determinó la suspensión por seis meses “del derecho a interponer una acción en virtud del Título III de la Ley”, lo que impide dar curso legal a reclamos similares.

Sin embargo, queda por ver qué postura asumirá al respecto Donald Trump, que jurará el cargo el próximo lunes, 20 de enero. Además, se prevé que asuma como secretario de Estado, el senador cubanoamericano Marco Rubio, partidario de la línea dura contra el régimen del Partido Comunista de Cuba (PCC).

Sobre las nuevas medidas anunciadas por la Administración Biden, un alto funcionario dijo a Martí Noticias que también se elimina una lista de entidades restringidas del Gobierno cubano que no pueden hacer negocios con Estados Unidos, revocando así el Memorando Presidencial de Seguridad Nacional 5, de 2017.

La cancillería cubana anunció luego la excarcelación de 553 presos por “diversos delitos” en la isla, sin especificar detalles sobre sus identidades o la fecha en la que saldrán de la cárcel.