A pocos días de terminar su mandato, el presidente Joe Biden decidió retirar a Cuba de la lista de Estados Patrocinadores del Terrorismo como parte de una negociación facilitada por la Iglesia Católica que implicaría la liberación de presos políticos cubanos.
“Es una cuestión humanitaria de primera magnitud que salgan de las prisiones todas esas personas que llevan tres años injustamente, que están en condiciones de vida deplorables, que están pasando enfermedades y necesidades, que algunos han muerto ya”, celebró la politóloga matancera Alina Bárbara López Hernández.
En los primeros días de enero, el gobernante Miguel Díaz-Canel comunicó en una carta al Sumo Pontífice la decisión de beneficiar con el otorgamiento de libertad a 553 personas sancionadas por “delitos diversos”.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba (MINREX) informó que, a consecuencia de negociaciones entre Cuba, la Iglesia Católica, el Vaticano y la mediación del papa Francisco, el gobierno había decidido otorgar la excarcelación de dichas personas.
La organización Prisoners Defenders registró a finales de 2024 a 1.148 presos políticos recluidos en cárceles o con otro tipo de privación de libertad, la mayoría por participar en movilizaciones espontáneas desarrolladas a lo largo de toda la isla a partir del 11 de julio de 2021.
“Sus familiares llevan muchísimo tiempo presionando y parte de la sociedad civil cubana también por la libertad [de estos presos políticos]. Ojalá que esa noticia no venga con presiones para exiliar, obligatoriamente, a estas personas. Si ellos deciden quedarse acá deben tener todos sus derechos respetados”, recalcó López Hernández.
Sin embargo, la académica considera deplorable que el presidente Biden haya esperado al final de su mandato para decidir la retirada de Cuba de la lista del terrorismo porque, supone, que no habría razones “para que estuviera allí y haberlo hecho entonces tan tardíamente, es algo lamentable porque las sanciones, recordemos, que no son solo sobre personas o instituciones evidentes violadoras de Derechos Humanos, sino es contra de todo un país, contra toda una ciudadanía”.
Altos funcionarios estadounidenses afirmaron que “una evaluación se ha completado, y no tenemos información que respalde la designación de Cuba como estado patrocinador del terrorismo”.
Desde 1982, la permanencia de Cuba en la lista ha sido un punto de fricción en las relaciones entre Washington y La Habana. En 2018, fue sacada de la lista por la administración Obama y en 2020 el gobierno de Donald Trump la colocó en la lista de nuevo por apoyar a grupos como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y otros movimientos insurgentes en América Latina.
Actualmente están en la lista Cuba, Corea del Norte, Irán y Siria.
Sobre la decisión de interrumpir la aplicación del Capítulo III de la Ley Helms- Burton, que la hace extraterritorial, López Hernández precisó que es “respetar las reglas del juego en el derecho internacional”.
“Sin embargo, me parece cuestionable un párrafo que aclara que se eliminará la lista restringida porque ahí sí la violación de Derechos Humanos en esta etapa de libre internet en Cuba es tan evidente. Son casos estudiados, son casos seguidos por legalistas, por personas que han estado al tanto de todo esto, denunciados por las familias, denunciadas por las personas, que yo sí creo que tiene que existir sanciones sobre determinadas entidades o personas que se prestan para violar los derechos humanos, a veces desconociendo los propios derechos establecidos por la Constitución de la República. Entonces, en ese sentido, sí me parece cuestionable, pero en general la política de sanciones lo que ha hecho es permitirle al gobierno cubano una justificación histórica que no es tal”, dijo.
La politóloga subrayó que “el problema cubano” no depende del diferendo entre Estados Unidos y el gobierno de Cuba: “El problema cubano, esencialmente, es un problema interno entre un Estado represor, un estado dictatorial y una ciudadanía desprovista de todo tipo de derechos, en el que las personas de cualquier ideología política son excluidas por el poder”.
Añadió que los presos políticos son consecuencia de la represión del Estado a la ciudadanía, “no son la causa”
“Cualquier negociación que el Estado cubano se preste a hacer con un gobierno extranjero sobre la base de sus presos políticos, en primer lugar, desconoce la lucha interna y cuando digo interna me refiero a nación, a los cubanos que están en Cuba y los que están en otros lugares”, dijo la historiadora.
No es la primera vez que el régimen de Cuba ha usado a los presos políticos como "moneda de cambio" en sus relaciones diplomáticas con Estados Unidos
“El gobierno cubano prefiere tenerlos como una carta en la manga, negociar con el gobierno norteamericano, lo cual, viniendo de un gobierno con tanta presunción de independencia y soberanía, me parece un evidente rasgo de subordinación”, opinó.
Además, “Cuba es una fábrica de potenciales presos políticos, de manera constante y sistemática, por tanto, liberar a estos - que me parece muy bien- no quiere decir que esas cárceles no se vayan llenando de presos porque la cuestión es el ejercicio de los derechos en Cuba, el ejercicio por parte de la ciudadanía. Ese es el verdadero diferendo, el interno. Y cuando digo interno me estoy refiriendo también a los derechos de nuestros compatriotas que están fuera de Cuba. Cuando me refiero a interno me estoy refiriendo a un problema cubano entre un Estado represivo, con una estructura política excluyente y una ciudadanía sin derechos, esa es la verdadera causa del problema”, concluyó López Hernández.
En una llamada telefónica a nuestra redacción, desde la prisión de Guanajay en Artemisa, el preso político Denis Hernández, uno de los condenados por manifestarse el 11 de julio de 2021 en San Antonio de los Baños, rechazó la decisión del presidente Biden.
“No quisiera que sacaran a Cuba, nunca, de la lista de patrocinadores del terrorismo, en cambio, lo que quisiera es que estuviera en la lista de terroristas. Por eso, justamente, llevamos aquí más de tres años y medio para que ahora el presidente Biden, a última hora de su mandato, venga a hacer esa catástrofe”, dijo.
“Lo único que estoy contento es porque, a lo mejor, muchos de nosotros estamos en la calle por eso, pero yo preferiría sacrificarme un poco más porque yo salí a la calle contra el sistema, para tumbar la dictadura, contra el socialismo. No salí para que la quitaran [a Cuba] de la lista”, explicó el detenido.
La ex prisionera política Angélica Garrido, exiliada en España, tiene sentimientos encontrados sobre el anuncio “porque, por un lado, por supuesto, queremos que los presos políticos sean liberados, pero los negocian por algo que el mundo conoce, que Cuba no solamente patrocina el terrorismo, sino que Cuba ejerce el terrorismo de Estado contra su propio pueblo”, puntualizó.
Hace pocos días, su hermana María Cristina Garrido envió desde la cárcel una carta al presidente electo Donald Trump, en la que le pide que no elimine a Cuba de la lista negra del terrorismo.
“Es difícil porque liberan a estos presos políticos y sigue Cuba bajo esta dictadura y vendrán otros presos políticos”, resaltó Angélica Garrido.
Desde La Habana, el Consejo para la Transición Democrática en Cuba calificó la salida de Cuba de la lista de patrocinadores del terrorismo como “una oportunidad para avanzar en el clima necesario que favorezca poner de relieve y con claridad el asunto principal cuando se trata de evaluar el comportamiento del Gobierno cubano, violador sistemático de los derechos humanos y exportador de las herramientas e instrumentos que permiten a las autocracias, como las de Venezuela y Nicaragua, la violación, a su vez de los derechos humanos de sus ciudadanos”. Así lo explicó Manuel Cuesta Morúa, vicepresidente de la organización cuyo presidente José Daniel Ferrer y uno de sus vicepresidentes, Félix Navarro, están encarcelados por su involucramiento en las protestas del 11J y fueron declarados prisioneros de conciencia por Amnistía Internacional.
“Devolver el conflicto a su terreno principal, el que existe entre el gobierno cubano y su sociedad es la mejor estrategia. A eso contribuye la salida del Gobierno cubano de esa lista”, dijo Cuesta Morúa.
“Al Consejo para la Transición Democrática le resulta positivo y en la mejor dirección la liberación de presas y presos políticos en sí mismos, injustamente encarcelados. Amnistía 2025, la alternativa que promovemos para la liberación de todos los presos y presas políticas pretende que todos y todas sean liberados y seguir avanzando en el camino de propiciar una amnistía social y política que comprenda por necesidad la despenalización del ejercicio de los derechos humanos y constitucionales de los cubanos”, remarcó el activista de los derechos humanos.